Sede Judicial Electrónica

A través de este formulario puede solicitar al Ministerio Fiscal el establecimiento de medidas de apoyo que sean necesarias para que la persona que precisa de ayuda pueda ejercer sus derechos, superando los obstáculos que la discapacidad le pueda suponer. Puede tratarse de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de personas mayores con deterioro cognitivo, como el alzheimer, o de quienes presentan problemas de salud mental.

La ley prevé además de las medidas de apoyo a personas con discapacidad las siguientes medidas de apoyo:

• Guarda de hecho
• Curatela
• Defensor/a judicial

Los apoyos se determinarán atendiendo a la voluntad de la persona con discapacidad. Puede haber expresado su voluntad en un documento notarial -poder preventivo-, estableciendo cómo quiere que se le presta ayuda en el caso de que se encuentre en situación de discapacidad. Sólo en el caso de que tales apoyos no sean suficientes se deberá establecer la ayuda por una medida judicial de apoyo. Este procedimiento puede iniciarse en el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de una persona particular. También se puede instar ante la autoridad judicial por la propia persona con discapacidad, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes o ascendientes y hermanos/as.

La persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y representación. Si no fuera previsible que proceda a realizar por sí misma tal designación, con la solicitud se pedirá que se le nombre un/a defensor/a judicial, quien actuará por medio de abogado/a y procurador/a, pudiendo solicitarse asistencia jurídica gratuita en función de la situación económica de la persona con discapacidad (unidad familiar).

En formulario de comparecencia se expondrá la justificación de la necesidad de establecer un apoyo o ayuda, debiendo incorporar toda la documentación de que se disponga. En el caso que no se disponga de la documentación referida, deberán aportarse todos los elementos necesarios para su determinación y localización, de modo que pueda ser recabada por parte de la Fiscalía.

La documentación precisa para iniciar el procedimiento, que se remitirá preferentemente por correo electrónico adjuntando en archivos separados cada documento que se acompañe, es la siguiente:

1. Comparecencia: Se debe exponer la situación de la persona con discapacidad, la NECESIDAD de establecer medidas de apoyo y qué medidas considera necesarias, expresando en su caso aquellas que considere URGENTES (por ejemplo, si tiene dificultades para administrar sus bienes o dinero, para hacer un contrato o pedir un préstamo, para seguir un tratamiento, etc.).
2. DNI, nombre y apellidos de la persona con discapacidad.
3. DNI, parentesco, nombre y apellidos de la persona que insta el procedimiento.
4. Informe médico de la persona con discapacidad.
5. Informe social (servicios sociales municipales, SERGAS, centro residencial, asociación, etc.).
6. Certificado de nacimiento de la persona con discapacidad.
7. Lista de parientes, especificando el grado de parentesco, nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico (en el caso de no disponer de alguno de los datos se hará constar, sin dejar de incluir a los parientes o personas allegadas a la persona con discapacidad).
8. Cuentas bancarias, titularidad, personas autorizadas y extracto bancario del último año.
9. Testamento, en el caso que tenga acceso, tanto de la persona con discapacidad como de otros familiares que sean relevantes.
10. Poderes notariales. Si consta que la persona ha otorgado poderes o mandatos preventivos o escritura pública de apoyos ante notario con identificación de los mismos, en su caso.
11. Certificado dependencia o discapacidad.
12. Pensiones.
13. Listado de bienes.
14. Otros.

Tasas:

Este procedimiento no contempla el pago de tasas judiciales.

Gastos:

Los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicción voluntaria serán a cargo de la persona solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa.

Los gastos ocasionados por testigos y peritos serán a cargo de quien los proponga.

La presentación del escrito iniciador de comparecencia de personas con discapacidad y personas mayores, así como cualquier comunicación con la Fiscalía, debe realizarse en las Fiscalías Provinciales correspondientes al domicilio de la persona con discapacidad o mayor, que se encuentran en las ciudades capitales de provincia (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra).

Los datos de contacto de las fiscalías de la Comunidad Autónoma de Galicia son los siguientes:

1. Fiscalía Superior de Galicia (A Coruña)

• Dirección postal: Plaza Galicia, s/n- 1ª planta (15004 A Coruña)
• Teléfono: 881 182 752
• Correo electrónico: fiscalia.tsxg@xustiza.gal

2. Fiscalía Provincial de A Coruña

• Dirección postal: Edificio antiguo ''Fábrica de Tabacos''. Calle Cigarreras, 1-2ª planta (15007 A Coruña)
• Teléfono: 981 185 870
• Correo electrónico: fiscalia.coruna@xustiza.gal

3. Fiscalía de Área de Ferrol

• Dirección postal: Palacio de Justicia. Calle de A Coruña, 55-4ª (15401 Ferrol)
• Teléfono: 981 337 360
• Correo electrónico: fiscalia.ferrol@xustiza.gal

4. Fiscalía de Área de Santiago de Compostela

• Dirección postal: Calle Viena, s/n Edificio Juzgados. Polígono Fontiñas, (15707 Santiago de Compostela)
• Teléfono: 981 540 384
• Correo electrónico: fiscalia.santiago@xustiza.gal

5. Fiscalía Provincial de Lugo

• Dirección postal: Plaza Avilés, s/n (27002 Lugo)
• Teléfono: 982 294 846
• Correo electrónico: fiscalia.lugo@xustiza.gal

6. Fiscalía Provincial de Ourense

• Dirección postal: Calle Velázquez, s/n, Edificio Nuevos Juzgados (32002 Ourense)
• Teléfono: 988 688 143
• Correo electrónico: fiscalia.ourense@xustiza.gal

7. Fiscalía Provincial de Pontevedra

• Dirección postal: Calle Francisco Tomás y Valiente s/n (36208 Pontevedra)
• Teléfono: 986 805 732
• Correo electrónico: fiscalia.pontevedra@xustiza.gal

8. Fiscalía de Área de Vigo

• Dirección postal: Edificio Juzgados. Calle Lalín, 4-5ª planta (36208 Vigo)
• Teléfono: 986 817 432
• Correo electrónico: fiscalia.vigo@xustiza.gal

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.