Sede Judicial Electrónica

El objetivo de esta carta es lograr una justicia moderna y abierta a los/las ciudadanos/as para conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos.

Así pues, los ciudadanos tienen los siguientes derechos:

• Recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de juzgados y tribunales, acceder al contenido actualizado de las leyes de España y de la Unión Europea y a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tengan intereses legítimos.
• Formular quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la justicia y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.
• Acceso a la justicia con un lenguaje comprensible (sin perder el rigor técnico) y responsable ante el ciudadano.
• Tramitación ágil y tecnológicamente avanzada de los asuntos que te afectan, para que se resuelvan en el plazo legal.
• Asistencia con especial atención y cuidado de aquellos que se encuentran más desprotegidos, como los que son víctimas de violencia doméstica y de género, los/las menores de edad, las personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica o los/las extranjeros/as inmigrantes en España.
• Recibir servicios profesionales de calidad por parte de abogados y procuradores, conforme a una conducta ética correcta.
• Exigir el cumplimiento de lo establecido en la Carta de Derechos a jueces/zas y magistrados/as, fiscales, letrados/as de la Administración de Justicia, médicos/as forenses, abogados/as, procuradores/as y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.

Los principales deberes de los ciudadanos ante la justicia son:

• Participar en la Administración de Justicia a través de la figura del tribunal del jurado en aquellos procesos penales determinados por la ley. Los casos de excusa, incompatibilidad y prohibición están delimitados por la ley.
• Obligación de cooperar con la justicia como testigo, lo que exige no sólo prestar testimonio sino también decir la verdad.
• En el caso de presenciar la comisión de un delito, el/la ciudadano/a tiene el deber de ponerlo en conocimiento y colaborar con la autoridad judicial o Ministerio Fiscal, salvo que estuviese exento por razones familiares.